Considero que el documento aborda de manera adecuada la problemática planteada frente a la necesidad de que al interior de las instituciones que intervienen directamente en el procedimiento penal de responsabilidad penal para adolescentes existan políticas, directrices o lineamientos de priorización para atender a los menores de edad infractores de la ley penal.
Esto porque, en un principio, realiza de forma detallada una descripción de las instituciones de forma individual y escalonada, al igual que de sus funciones y procedimientos, lo que brinda un contexto claro frente al cual es mucho más sencillo comprender para el lector la intervención que cada una realiza y así mismo identificar las necesidades y/o falencias que existen en el momento.
Adicional a esto, hay que resaltar que es muy valiosa la forma en que logra realizar una contrastación de cara a la cotidianidad, para lo cual utiliza puntos claves y objetivos. De esta forma al finalizar la lectura, queda lo suficientemente claro la necesidad de que el Estado genere directrices transversales en cada una de sus entidades que permitan la priorización de los asuntos de niñez y juventud en lo que refiere a las infracciones de la norma en el sistema penal.
