El documento identifica con acierto el divorcio entre la teoría y la practica en el ámbito del SRPA y exhibe las diferencias entre los roles formalmente asignados a las entidades públicas concernidas y la realidad de sus tareas cotidianas, haciendo énfasis en la falta de comprensión de la naturaleza y alcance del principio de oportunidad en el seno de la Fiscalía, institución que es esencial en la arquitectura de todo el sistema. Por ejemplo, el documento es certero en concluir que en el SRPA los defensores de familia no se sienten suficientemente aludidos y son intervinientes ocasionales en asuntos relacionados con los procesos judiciales. También, da cuenta de la fragilidad de las unidades especializadas de la Policía y del rol pasivo de la Procuraduría.