Es muy difícil exigir calidad en una labor cuando no se aseguran las condiciones para que pueda ser desarrollada. Es contra lógica, entonces, exigir de funcionarios públicos que impulsen los procesos de menores a su cargo siendo que solo pueden dedicar menos de 20 minutos de su jornada laboral para ello. Así, los fines del sistema se desdibujan por no cumplir con las garantías que deberian gozar todos los menores por el mero hecho de ser sujetos procesales.
En consecuencia, la problemática identificada en el texto es de lejos valiosa por evidenciar que es el estado, materializado en la fiscalia, quien incumple con los deberes y funciones otorgadas constitucionalmente. De tal forma, es una obligación del Estado asegurar el restablecimiento de las condiciones, no solo mínimas, sino optimas para que los funcionarios y los abogados de las fiscalías a nivel territorial y nacional puedan dedicar el tiempo que sea necesario para llevar, acompañar y finiquitar los casos asignados a este.
No en vano, los menores de edad gozan de protección constitucional especial, por lo que el ejercicio de su defensa debe ir en línea con dichos preceptos.
En ese orden de ideas, resulta primordial realizar alta gestión interna para aprovechar al máximo los recursos recibidos en orden a prestar el mejor servicio posible, y con ello, esclarecer específicamente las herramientas humanas y financieras necesarias para que la institución, y sus las fiscalías seccionales, las más perjudicadas, soliciten el apoyo apropiado para ejecutar sus funciones.
