Es imperiosa la necesidad de implementar un sistema que aborde de manera conjunta a las instituciones intervinientes dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes por diferentes aspectos:
El primero de ellos que deriva de una garantía que rige como principio dentro del mismo sistema, como lo es la protección integral del menor, la cual como refiere el fascículo muchas veces se encuentra determinada por la praxis ineficiente de los intervinientes dentro del proceso. Es tanto así que de cumplirse a cabalidad con el derecho que recae en los menores, los índices de aplicación de preacuerdos serían altamente mayores en virtud emplearlos como un mecanismo preferente.
En segundo lugar, representaría una facilidad para las autoridades judiciales y administrativas el tener un recuento histórico de las medidas abordadas en cada caso y de los efectos que determinan la continuidad el proceso frente al adolescente que ha cometido un hecho punible
En concordancia con el segundo punto, al encontrarse las autoridades de manera integral informadas se llevarían a cabo de manera diligente y sobre todo paralela en tiempo y espacio los procesos tanto judiciales (en cabeza de los fiscales y jueces), como el proceso de restablecimiento de derechos (por parte el ministerio publico y el defensor de familia). Tomando entonces medidas que en su articulación propendan por el cumplimiento integral del sistema de responsabilidad para adolescentes.
Ahora bien, del resultado de una exhaustiva aplicación de la ley los efectos restaurativos de estos procesos darán muestra de la importancia de su implementación dentro de la creación de políticas publicas que realmente tengan miras a la creación de nuevos procesos que beneficien estos modelos penales alternativos de justicia restaurativa, que finalmente se reflejan como una creación de políticas publicas que beneficien a la sociedad en general.
