En lo que respecta a los roles de los actores que tienen un rol mayoritariamente judicial (la Fiscalía, la Policía, la defensoría y los jueces) hay claridad sobre la necesidad de aportar lineamientos diferenciados en las funciones constitucionales de cada institución en lo que respecta a la aplicación del SRPA.
Por otra parte, el rol de la Procuraduría y de la Defensoría de familia, que por su naturaleza no necesariamente judicial, les permitiría mayor rango de acción y mayor creatividad en la garantía de los derechos de los menores y las víctimas, no hay una justificación profunda para la adopción de lineamientos específicos. Este punto es esencialmente relevante para el Ministerio Público.
Así mismo, un problema central de articulación, que no está desarrollado de manera profunda en el texto, es que el ICBF cumple el rol del INPEC en la vigilancia y garantía de derechos humanos cuando existe privación de libertad del menor. En el SRPA, a diferencia del sistema penal ordinario, está facultad puede ser delegada, lo que deja aún más interrogantes en materia de lineamientos que el texto no problematiza en lo absoluto.
El texto podría ahondar en aspectos diferentes al rol de la judicialización en el SRPA, como los derechos de las víctimas, el aspecto pedagógico de las sanciones y la transición a los sistemas ordinarios cuando el menor cumple la mayoría de edad (entre otros) en los que también existe una necesidad inminente de articulación institucional y de priorización diferenciada según los principios del SRPA.
